• La opción más responsable después de la anulación del PGO.

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    Lo importante ahora es devolver con urgencia la seguridad jurídica al urbanismo gijonés
    Se puede caer dos veces, aunque no se tropiece en la misma piedra. Se ha anulado dos veces el PGO de Gijón. Las razones son distintas, pero el resultado es el mismo. Todas las precauciones jurídicas y formales que se tomaron para cumplir escrupulosamente las múltiples formalidades exigidas, y no volver a caer en el defecto formal, no fueron suficientes.
    Quienes se involucraron en la redacción del documento sabían que su trabajo sería escrutado incluso más minuciosamente que los anteriores, por eso valoraron meticulosamente cada paso en el procedimiento para que el PGO gijonés no volviera rechazado por un defecto formal. Pero no bastó.
    Quizás se deba reflexionar si algo más profundo está pasando en Asturias para que tantos PGO tengan tantas dificultades para tramitarse. No es creíble que la única explicación sea el empeño en hacer las cosas mal de los políticos y la torpeza e ignorancia de los amplios equipos de profesionales (arquitectos, aparejadores, ingenieros, abogados, economistas, geógrafos…) que participan en su elaboración. Es obvio que nadie se la juega profesionalmente en asuntos de esta enjundia.
    Pero el hecho cierto e incontrovertible es que Gijón está sin PGO. Las consecuencias son negativas para todos, porque un PGO no solo concierne a los propietarios de suelo residencial, afecta a cosas tan dispares como la instalación de un invernadero, la apertura de un taller o la ubicación de una depuradora, pero también a las calles, al saneamiento o a las zonas verdes con las que contamos.
    El urbanismo gijonés queda en una extraña situación jurídica que debe resolverse con toda la urgencia que se pueda. Después del disgusto inicial para unos y el festejo que no pudieron disimular otros, llega el momento de preguntarse: ¿qué hacemos ahora? Y la respuesta requiere serenidad, prudencia y tanto consenso como sea posible.
    Una opción es no hacer nada, pero tiene consecuencias nefastas. Porque tratar de regular la realidad de 2013 con la norma de 1999 es labor casi imposible. Creará inseguridad jurídica y situaciones paradójicas que son ahora mismo inimaginables; pero es que, respecto a hace tres lustros, ni la realidad física es la misma (urbanizaciones e infraestructuras), ni la legal (la ley del suelo es diferente), ni las necesidades ni las expectativas de la sociedad. Para tranquilidad de todos urge tener una base legal estable y adaptada a nuestra realidad cuanto antes. La seguridad jurídica es imprescindible y urgente.
    Tampoco parece una opción responsable trasladar la solución a la próxima Corporación, porque instalar a Gijón en un estado de excepcionalidad urbanística cuyo horizonte de solución se sitúe más allá de 2015 es fuente de más incertidumbre. Nadie puede prever si la próxima Corporación va aceptar sin más los trabajos o las prioridades urbanísticas de la actual. La Corporación de 2015 no tiene por qué recibir en herencia la espada de Damocles de seguir manteniendo otros dos o tres años una situación de aberrante inseguridad jurídica, derivada de la vigencia de un planeamiento de 1999 que nada tiene que ver con la realidad.
    Existe otra opción que es la promovida por el PSOE en este momento: Gijón tiene que tener un PGO actualizado y en vigor cuanto antes. A partir de aquí existen diferentes variantes. Pendientes de la aclaración de sentencia pedida, la alternativa más inmediata y corta en el tiempo es sanar las deficiencias jurídicas del plan de 2011 y consolidarlo, sin perjuicio de otras reformas más profundas que quiera plantear democráticamente el actual Pleno municipal, pero que se tramitarían sobre una base jurídica cierta y con el calendario que ha esbozado el gobierno local.
    Claro que también serían posibles otras alternativas, pero para ser eficaces deberían contener el compromiso explicito de cerrar el asunto en el mandato de esta Corporación. Que se puede hacer un PGO en 24 meses está demostrado. Otra cosa es que nadie quiera comprometerse a firmar algo cuya tramitación es tan compleja e incierta que cualquier tribunal pueda desautorizar.
    Que la anulación de la sentencia ha sido como un tsunami, no cabe duda. Retiradas las aguas, queda la necesidad de reconstrucción. Hay que elegir por dónde empezamos y no se puede esperar mucho más.
    Santiago Martínez Argüelles
    Secretario General del PSOE de Gijón

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