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    Generar falsas expectativas

    • Artículo de la concejala del PSOE, Marina Pineda, publicado en La Nueva España

    La pasada semana el Pleno del Ayuntamiento de Gijón debatió sobre la difícil situación que afecta a las viviendas del Grupo 52 de La Camocha. Unas viviendas incluidas en el plan de liquidación de la empresa, aprobado hace años por el Juzgado y que ahora llega a su fase final, con la venta de todos los bienes, directamente o, si ello no es posible, en subasta pública.

    Conscientes de la difícil situación que  viven muchos y muchas de las inquilinas de estas viviendas, desde el Grupo Socialista hemos realizado varias gestiones (y lo seguiremos haciendo) para buscar una solución satisfactoria y viable para estas personas. Ese ánimo fue el que nos llevó a presentar varias enmiendas a la iniciativa sometida a debate.

    Porque la solución, sea la que sea, estará condicionada por el marco legal que regula la adjudicación de viviendas públicas del Principado de Asturias. Tal y como explicó nuestro Portavoz en el Pleno, fuera de esa normativa no hay espacio.

    Insistir en que hay posibilidades de acceder a una vivienda pública sin respetar las reglas que regulan su adjudicación es crear falsas expectativas a los y las vecinas de La Camocha.Queramos o no, nos guste más o menos, si las viviendas son adquiridas por una Administración, sea el Principado de Asturias o el Ayuntamiento de Gijón, pasarán a formar parte del parque público de vivienda y su adjudicación, mediante una venta o un alquiler, social o no, estará sometida a la legalidad y deberá tener en cuenta la situación de cada una de las personas afectadas, en este caso muy variada. Por poner un ejemplo concreto de un aspecto que recoge la normativa actual, nadie entendería que se buscara una alternativa habitacional, en el caso de que no consiguieran mantener sus viviendas, o que se vendieran o alquilaran estas casas en condiciones favorables, si alguno de los inquilinos o inquilinas es propietaria de otro inmueble.

    El PSOE no pretende meter a todas las personas afectadas en una bolsa para solicitar viviendas de emergencia, simplemente se trata de buscar soluciones que no vulneren la legalidad y, por tanto, de dar a las personas afectadas la seguridad de una adjudicación de vivienda jurídicamente incuestionable.

    Del mismo modo, plantear que desde las administraciones públicas se encarguen tasaciones para revisar los precios es una ficción que para nada contribuye a buscar un arreglo satisfactorio. Es cierto que las tasaciones son elevadas para la situación actual del mercado, pero la fijación del precio de venta es algo que compete en exclusiva a los administradores concursales y al juzgado mercantil. Es más, ya que se pone como ejemplo lo sucedido en Ciñera de Gordón, allí la adquisición de los inmuebles y su posterior venta se realizó al 50 % del precio de tasación, de igual modo que se plantea para La Camocha. Cuestión aparte es que la tasación del Grupo 52 se realizó en otro momento y que el valor de una vivienda en La Camocha es mayor que una en Ciñera.

    Dejando a un lado los aspectos legales, lo más sorprendente del Pleno fue el rechazo a una enmienda del PSOE que abría la posibilidad de que el Ayuntamiento de Gijón pudiera participar en una posible adquisición de las viviendas con un texto muy claro: Instar al Gobierno del Principado y al Gobierno Municipal a realizar las gestiones oportunas por todas las vías posibles para la adquisición de las viviendas afectadas a precios adecuados y no superiores a los existentes en el mercado y proceder posteriormente a esta adquisición a ceder las viviendas a las actuales familias afectadas a través de un alquiler social o la venta, de acuerdo a la normativa por la que se regula la adjudicación de viviendas públicas en el Principado de Asturias.

    El actual Gobierno Municipal comenzó este mandato hablando de adquirir viviendas para ampliar el parque municipal, precisamente para atender a situaciones como la que ahora viven los vecinos y vecinas de La Camocha. Por ello, a nadie debería extrañarle esta propuesta, que pide la implicación real del Gobierno Municipal en la búsqueda de soluciones. Porque lo importante es eso, buscar soluciones que den respuestas posibles a la difícil situación en que se encuentran los vecinos y vecinas de La Camocha.

     

     

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    Moriyón tira, pero ya no libra

    • Artículo de la concejala Marina Pineda publicado hoy en El Comercio

    A Carmen Moriyón se le ha acabado el “tira que libras” en el que ella y su equipo llevan casi siete años instalados. En julio de 2017 saltaron las alarmas. La AIREF, el organismo encargado de supervisar las cuentas públicas, alertaba de que Gijón incumpliría la regla de gasto.

    Una regla impuesta por las leyes de estabilidad del PPy aprobada con el apoyo de FORO, que pretende controlar la gestión económica de las administraciones y castiga a los ayuntamientos que gastan más de lo presupuestado, pero también a los que no son capaces de ejecutar los programas planificados al inicio de cada año.

    Ese es el caso de Gijón. Año tras año los presupuestos municipales reflejaban las grandes promesas de Carmen Moriyón y cada año hemos visto cómo sus compromisos se quedaban en papel mojado: los accesos a Nuevo Roces, la rehabilitación de barrios como Portuarios, las reformas en la avenida de Manuel Llaneza o la calle Río de Oro o la ampliación del Parque Tecnológico, son solo algunos ejemplos.  Más de 150 millones que se quedaron en el cajón en los tres últimos años.

    El límite de lo que un ayuntamiento puede gastar un año se calcula en función de lo efectivamente ejecutado el año anterior. Por eso, la incapacidad del gobierno de Foro para llevar a cabo las actuaciones comprometidas ha ido restando recursos económicos a la ciudad, mermando el límite del presupuesto hasta llegar a la situación actual, de incumplimiento de la regla de gasto.

    Una regla que el PSOE no comparte pero que, nos guste o no, debe cumplirse. La consecuencia de este incumplimiento es la obligación de aprobar un plan económico financiero. Hablando claro, de recortar gastos o incrementar ingresos para equilibrar las cuentas.

    La Alcaldesa conocía esta situación desde hace meses. Pero decidió no hacer nada, en su habitual política de esconder la cabeza ante los problemas. Ocultó las advertencias a los grupos municipales de la oposición y, cuando se hicieron públicas en noviembre, su concejala de hacienda negó que hubiera ningún problema, siguió proclamando que al finalizar el año todo estaría bien.

    Y parece que piensa seguir así. No ha presentado un proyecto de presupuesto para 2018 y, a pesar de que el incumplimiento del límite de gasto la obliga a “poner el contador a cero”, presentando un plan económico global, pretende seguir comprometiendo gastos para los próximos años sin saber si será posible abordarlos.

    El descontrol económico del gobierno municipal debe acabarse. La Alcaldesa debe ponerse las pilas, presentar cuanto antes sus previsiones económicas para los próximos años y, en definitiva, empezar a gobernar la ciudad.