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    Gijón Facts: Poder y no querer

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    El PSOE busca el apoyo del Pleno para eliminar la limitación de uso del superávit presupuestario

    • Se trata de una limitación que va contra los intereses de la ciudadanía al impedir a los ayuntamientos con recursos utilizarlos

    • Cada año que pasa el Ayuntamiento de Gijón ejecuta peor su presupuesto. En los últimos cuatro años ha dejado en el cajón 164 millones de euros


    El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José María Pérez, ha presentado una proposición plenaria para flexibilizar las normas de estabilidad presupuestaria que impiden a las administraciones locales utilizar todos sus recursos en la atención de las necesidades de la ciudadanía.

    La proposición busca el acuerdo del Pleno en  dos aspectos fundamentales. Por un lado, pide que el Ayuntamiento pueda utilizar los remanentes de ejercicios anteriores en cualquier tipo de programa social, de empleo o en inversiones, y por otro, que se eliminen las reglas sobre el techo de gasto para los ayuntamientos que cumplan los objetivos de estabilidad.

    El portavoz socialista ha señalado que este tipo de limitaciones, impuestas hace ya años por el gobierno del Partido Popular, “responden a cuestiones puramente ideológicas que tienen que ver con el PP y con sus socios electorales de FORO”, que vienen asfixiando a los administraciones locales de todo el país, aunque su situación esté saneada.

    Pérez ha lamentado que debido a esta limitación, un Ayuntamiento como el de Gijón, que en los últimos cuatro años ha dejado 164 millones de euros en el cajón, no pueda utilizar ni un euro, por ejemplo, para construir un nuevo edificio en el Parque Científico y Tecnológico, una instalación deportiva, equipar con juegos infantiles los parques de la ciudad o poner en marcha programas sociales o de empleo.

    Asimismo ha incidido en la necesidad de que Gijón se adhiera al acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que se adopten las medidas anteriormente expuestas de manera urgente, de manera que puedan entrar en vigor lo antes posible.

    Por último ha manifestado que ésta es una limitación que va contra los intereses generales de la ciudadanía, que tienen que ver cómo ayuntamientos que disponen de recursos para atender sus necesidades, no puede hacerlo por la imposición del PP.