• Verdades tras la anulación del PGO.

    http://psoegijon.es/verdades-tras-la-anulacion-del-pgo/
    Cuidado con las falsas afirmaciones y el afán de confundir a la ciudadanía
    Desde un punto de vista político y ciudadano, que a un ayuntamiento se le anule un plan general de ordenación es una mala noticia, sin paliativos.
    Como Secretario General del PSOE de Gijón, no voy a escurrir el bulto ante este hecho, pero también reivindicaré que el urbanismo democrático gijonés, el que han hecho los socialistas con el apoyo de IU, ha conseguido poner orden y concierto en una ciudad maltratada por el urbanismo depredador y totalmente ilegal ejecutado por una derecha gijonesa, que consintió barbaridades como la del Muro, las caleyas en medio de La Calzada, el chabolismo de El Llano o las islas urbanísticas de Pumarín, Santa Bárbara, Roces o las 1.500. Puestos a recordar, recordemos todo.
    Pero ahora quiero volver a la actualidad, a la anulación del PGO gijonés de 2011. Algunas interpretaciones, fruto en algunos casos de desconocimiento, en otros de ignorancia y en otros de simples ganas de difamar, me animan a recordar algunos hechos para tratar de poner la verdad en su sitio. Lo haré, aún a sabiendas de que por ello seré objeto de nuevas descalificaciones.
    Durante estos días, los pregoneros de FAC se han sentido ebrios de felicidad porque en su estrategia de oposición a la oposición han contado con la munición inesperada de una sentencia que creen que justifica su reescritura de la reciente historia democrática local. Aportaré datos y hechos para desmontar los abundantes lugares comunes de los últimos días.
    En primer lugar, se ha dicho estos días que no hubo participación en la elaboración del PGO de 2011 y que se hizo de espaldas a la ciudadanía. No es que esta afirmación sea falsa, es que es simplemente mentira. Las pruebas siguen en la página web del Ayuntamiento gijonés en https://sedeelectronica.gijon.es/page/9803-aprobacion-definitiva-pgo2011. Las resumo: entre diciembre de 2009 y mayo de 2011 hubo cuatro acuerdos plenarios, una web específica con más de 11.000 visitantes, reuniones con todos los consejos de distrito, con representantes vecinales y sociales, dos periodos de información pública (uno para el documento de prioridades y otro para el documento inicial del PGO) en los que se realizaron más de 3.000 alegaciones, que en buena medida fueron respondidas individualmente. La amplitud de la participación ciudadana es evidente, otra cosa es que se quiera confundir participación con sinónimo de aceptación de todas las pretensiones.
    En segundo lugar, se ha dicho que esta anulación obliga a partir desde cero. Es falso. La sentencia no dice eso. El fallo dice con claridad que obliga a “retrotraer las actuaciones hasta el momento anterior a la aprobación provisional”. Eso no es el punto cero, significa que se han superado pasos importantes de la tramitación. Decir otra cosa es desconocer cómo se tramita un PGO o querer engañar. Con sólo esta sentencia en la mano, partir de cero es una decisión política, no una imposición de esta sentencia.
    En tercer lugar, se ha afirmado que la sentencia significa “manos libres” para hacer cualquier cambio en el planeamiento gijonés. Pero se olvidan de que esa carta blanca la dan los votos en el Pleno, las mayorías; pero no la sentencia. Porque la sentencia no entra en el modelo de ciudad, sólo en la exhibición o no de determinada documentación y su trascendencia en la tramitación del PGO. Pretender llevarla más allá es otra falsedad.
    También ha sido motivo de chanza que se preguntase por los argumentos utilizados en la defensa jurídica del PGO. Algunos hechos que justifican la sospecha. El primero es que hay precedentes de que este equipo de gobierno se allana ante determinados demandantes con los que coincide en el objetivo, y no defiende su posición. En este caso, que hay coincidencia entre gobierno local y demandantes en la anulación del PGO es evidente, lo dice con desparpajo la propia concejala de urbanismo. Así que, mal se defiende aquello en lo que no se cree.
    Lo segundo es el texto de la propia sentencia que afirma que “no se cuestiona” por el ayuntamiento que “los informes sean documentación relacionada con el instrumento u expediente objeto de la misma”. Esto es precisamente lo sorprendente, porque lo que fue objeto de información pública fue el Estudio de Riesgos, que aún se puede encontrar en la web https://sedeelectronica.gijon.es/from/9638/publicacions/show/4848-1-iv-estudio-de-riesgos. Consta de un informe de 74 páginas y cuatro cartografías específicas. El documento objeto de controversia está citado, junto a otros, en las páginas 51 y 52 y figura en la bibliografía del estudio dentro de tres páginas de referencias.
    Algunos pensamos que es ése Estudio de Riesgos lo que constituye la documentación relacionada con el instrumento de planeamiento (el PGO), no su bibliografía. La Corporación anterior entendió que transcribir (es decir, copiar íntegramente) los párrafos relevantes de un estudio elaborado por un tercero y citarlo de acuerdo con los criterios profesionales al uso, era la forma adecuada de proceder. Esa argumentación había sido expuesta con nitidez por parte del ayuntamiento de Gijón en una fase anterior de la tramitación administrativa al responder a los alegantes que sólo se sometía a información pública aquella documentación que era susceptible de modificación como consecuencia de las alegaciones, pero no los estudios de terceros que eran de la exclusiva responsabilidad de sus autores.
    Esa argumentación no se ha trasladado al tribunal, y tendría especial interés conocer su interpretación sobre esta cuestión porque la consecuencia práctica no es baladí: parece que en los planes que se tramiten de ahora en adelante, se debe someter a información pública todos los informes del PGO y también todas las obras, artículos, informes y documentos que aparezcan referenciados en la correspondiente bibliografía… Humildemente, si es así, cualquier PGO se convierte en casi imposible de tramitar.
    Lo que se ha dicho poco, aunque sea lo verdaderamente relevante, es que la sentencia deja en el limbo jurídico a la ordenación del territorio de nuestro municipio actual, y que tratar de gestionar la realidad de 2013 con el planeamiento de 1999 es poco menos que imposible.
    Hasta aquí, creo haber expuesto suficientes razones para interpretar de otra manera las causas y las consecuencias de una sentencia que obliga a volver a tramitar el PGO a partir de la “aprobación provisional”. La verdadera encrucijada actual es elegir ahora el nuevo camino. La sentencia, en la práctica, parece que no constituye un problema insalvable. Por eso algunos consideramos que ahora la prioridad es devolver rápidamente la seguridad jurídica al urbanismo gijonés para abordar a continuación los cambios profundos de planeamiento que democráticamente quiera la mayoría de la corporación.
    Ahora bien, la responsabilidad de esa decisión y de su ejecución corresponde al actual equipo de gobierno. Quizás cuando se le pase la resaca pueda ver las cosas con más nitidez.
    Santiago Martínez Argüelles
    Secretario General del PSOE de Gijón

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