- Declaración Institucional aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón en el Pleno del miércoles 15 de abril de 2020
Estamos viviendo una situación excepcional. Cada día comprobamos las consecuencias en nuestras vidas de la pandemia del COVID-19 y el alcance que éstas tienen y tendrán en el presente y en el futuro de nuestra sociedad. Estamos ante un momento trascendente de nuestra historia y debemos estar a la altura desde la responsabilidad colectiva e individual. Por este motivo, es imprescindible la actuación de todas las administraciones de forma coordinada y conjunta; así como la colaboración de la ciudadanía cumpliendo con las indicaciones que las autoridades sanitarias y, en general, las instituciones, estamos adoptando para la prevención y la erradicación del COVID-19. La unidad de todos y todas es fundamental en una circunstancia como la actual.
Nuestra prioridad debe ser cortar de manera efectiva la cadena de transmisión del virus y para ello es necesario que todos secundemos las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Solo con la colaboración y la solidaridad de todos podremos frenar la propagación de esta pandemia.
Desde el Ayuntamiento de Gijón/Xixón, haciéndonos eco del llamamiento de la FEMP, pedimos a todas las Administraciones que las medidas que se están tomando a corto plazo tengan como eje central y prioritario la salud de las personas, en especial las más vulnerables, y la adecuación de las infraestructuras sanitarias para que el personal de los centros de atención primaria y hospitalarios pueda desarrollar su trabajo con garantías.
Ahora más que nunca, es el momento de estar al servicio de la ciudadanía y escuchar sus demandas estableciendo canales de participación para conocer sus necesidades y poseer un análisis completo de la situación. Nuestra institución ha de estar, por una parte, al lado de las personas vulnerables, reforzando las líneas de actuación dirigidas a atender sus necesidades y habilitando mecanismos que permitan su atención preservando la salud de los y las profesionales del ámbito social. Por otra parte, junto a todas aquellas personas que, como consecuencia de esta crisis, se quedarán sin trabajo. Y por esta razón, hemos de dotarnos de recursos y ayudas para amparar a las familias que lo necesiten. Sólo desde una visión sensible con las personas y los colectivos más expuestos podremos garantizar una salida real y justa de esta crisis.
Paralelamente, y en el ámbito económico, es necesario legislar para crear las condiciones idóneas que permitan a los autónomos, las pequeñas y medianas empresas y, en general, al tejido productivo de nuestro país, tener un horizonte de recuperación rápida con los menores costes posibles para recuperar la normalidad cuanto antes. Las Administraciones competentes deben ser contundentes para fortalecer la reactivación económica de nuestro tejido empresarial.
Los ayuntamientos somos la administración más cercana a la ciudadanía, a sus problemas y a la realidad del día a día; además de la administración más ágil para tramitar y lograr que se ejecuten los proyectos y, también, la más responsable en el control del déficit en estos años, de tal modo que el esfuerzo hecho ha beneficiado tanto a las CCAA como al Estado a la hora de presentar los resultados de cumplimiento del déficit. Somos, pues, una administración responsable, solidaria, eficaz y eficiente que, además, tenemos la obligación de construir ciudad y pueblo y dar respuesta al día a día, a la vida, en definitiva, de nuestras vecinas y vecinos.
Las entidades locales también sufriremos el impacto económico de la situación. Es previsible una importantísima reducción de nuestros ingresos en este ejercicio, lo que, si no se pone remedio, nos impedirá ejecutar las inversiones y programas presupuestados, obligándonos a minorar la atención a la ciudadanía cuando más se necesita y afectando a las empresas prestadoras de servicios al municipio, mayoritariamente pequeñas y medianas empresas locales, así como a los planes de apoyo y dinamización de diversos sectores muy ligados a “crear ciudad”: pequeño comercio, cultura, hostelería, etc..
En este sentido, todas las administraciones debemos poner especial cuidado en amortiguar el golpe que esta crisis sanitaria ha provocado en un sector particular de nuestro tejido productivo: el de los trabajadores autónomos, a los que debemos buena parte de la recuperación que empezaba a consolidarse antes de esta pandemia. Los y las autónomas son uno de los colectivos más perjudicados por el estado de alarma (pequeño comercio, venta ambulante, hostelería, emprendedores y emprendedoras…). Debemos evitar que el cierre de sus negocios y la paralización de su actividad traiga durísimas consecuencias tomando todas las medidas que sean necesarias para complementar las ayudas estatales y autonómicas y así garantizar su inmediata recuperación, que será la de todos y todas.
Debe prestarse una especial atención al sector creativo y cultural. La crisis del Covid19 está suponiendo la rotura de las frágiles bases sobre las que se asienta. La inestabilidad laboral de quienes lo conforman, la incertidumbre en la generación de ingresos de las empresas o directamente la destrucción de empleos, suponen para este sector un golpe del que será difícil recuperarse. A diferencia de muchos otros sectores, para el creativo, la vuelta a la normalidad se alargará en el tiempo, ya que es previsible la no apertura al público inmediata de teatros, salas o cualquier recinto con un aforo por encima de la media. La cultura aporta a nuestro país no sólo empleos y valores económicos, sino un sustento humano sobre el que debemos aspirar a reconstruir nuestras ciudades. La importancia de las EELL en el sostenimiento de los tejidos culturales propios es fundamental para una supervivencia generalizada a nivel estatal. Por ello, el compromiso del Gobierno Central debe ser firme para con los Ayuntamientos de cara a afrontar esta crisis como la oportunidad para reconstruir ciudades sobre cimientos como la cultura, la innovación o el conocimiento.
Una problemática compartida por el sector del deporte, que previsiblemente también verá prolongarse el período de inactividad más allá de la finalización del estado de alarma y para el que habrán de tomarse medidas concretas que tengan en cuenta no solo su dimensión económica sino también los efectos de la paralización de la actividad deportiva en la salud de las personas.
También debemos adaptar las medidas trasversales establecidas en el ámbito laboral, económico y tributario a las especificidades de los distintos sectores: al sector creativo y cultural para evitar el peligro inminente de desaparición del modelo cultural propio de cada municipio, al hotelero y hostelero cuya labor contribuye a la promoción y el prestigio de la imagen y el atractivo turístico de nuestra ciudad, al comercio de proximidad que contribuye a la configuración de un modelo más sostenible de ciudad y a todos aquellos que precisen una atención particularizada por sus características.
El esfuerzo realizado en los últimos años por los municipios españoles debe servir ahora para afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria y deben ser los propios municipios, desde la cercanía, los que decidan cómo debe utilizarse el ahorro generado para atender a las personas vulnerables y reactivar la economía local.
Somos Estado y queremos actuar como tal. Por ello, y desde la responsabilidad que supone esta afirmación, los remanentes que las Entidades Locales hemos generado desde el año 2012, gracias a una gestión responsable y a un firme compromiso con España, pertenecen a las Corporaciones Locales, que tenemos el derecho de decidir cómo gestionarlos y aplicarlos en las actuales circunstancias para luchar contra el coronavirus y para reactivar la economía de nuestra ciudad a partir del día después del fin de esta crisis.
En estos momentos, más que nunca, es necesaria una total coordinación, desde la colaboración y la lealtad institucionales. Necesitamos, por ello, disponer de instrumentos efectivos para dar respuesta a todas las situaciones que está generando esta crisis.
Queremos participar y estar presentes en los programas de actuación estatal y autonómicos cuyos destinatarios sean las Entidades Locales, e igualmente demandamos que los nuevos Fondos e Iniciativas Europeas del período 2021–2027 se reorienten y adapten a la reconstrucción de las economías locales. Es necesario que la normativa que nos afecta a los entes locales nos empodere, de manera que podamos tener a nuestro alcance las herramientas y la capacidad de adaptación necesarias para las exigencias a las que deberemos hacer frente en los próximos meses y años como consecuencia de la parálisis del COVID-19.
Por ello, pedimos la suspensión de la aplicación de las normas de estabilidad presupuestaria permitiéndonos incorporar a nuestro presupuesto los remanentes acumulados en los últimos años, dedicándolos a aquellos programas que, en virtud del principio de autonomía local, consideremos más adecuados para contribuir al objetivo de la recuperación económica, para la puesta en marcha de proyectos de reactivación de los sectores más castigados de la economía local (pequeño comercio, hostelería, hotelería, sector cultural y creativo, etc.) una vez finalice la crisis provocada por el coronavirus
COVID-19, y los programas necesarios para atender a las personas afectadas por la misma: programas destinados a colectivos vulnerables como la ayuda a domicilio, teleasistencia o ayudas a mayores o dependientes, ayudas para garantizar suministros de primera necesidad y en general el gasto social de cualquier naturaleza. Todo ello sin que estos programas se tengan en cuenta para el cálculo de la estabilidad presupuestaria y, por supuesto, flexibilizando el techo de gasto durante los ejercicios económicos necesarios para lograr estos objetivos.
Tampoco deberían computar en la regla de estabilidad presupuestaria y techo de gasto aquellos gastos extraordinarios directamente relacionados con la gestión y las consecuencias de la crisis sanitaria en los servicios municipales: los relacionados con el transporte urbano, los de limpieza y desinfección de vías públicas, edificios municipales y otros espacios públicos, los de material de protección individual de los trabajadores y trabajadoras, los vinculados a las medidas de teletrabajo de los empleados y empleadas municipales o los derivados de las contrataciones temporales necesarias para reforzar algunos servicios.
Es imprescindible revisar la atribución competencial regulada en la Ley de Bases del Régimen Local que, tras su reforma por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en 2013, obliga a los municipios a solicitar de la administración autonómica informes de no duplicidad para el ejercicio de muchas de las competencias hasta entonces asumidas directamente por los ayuntamientos y que en Gijón tienen su máxima expresión en las políticas de empleo, de las que nuestra ciudad fue pionera. Al menos, deberían establecerse procedimientos ágiles que liberen claramente del trámite de solicitud de informe en relación a programas que se repitan en diferentes ejercicios y, cuando se trate de nuevos proyectos, habilitar sistemas de emisión de certificados con validez para todo el mandato municipal, clarificando así mismo los supuestos de duplicidad, permitiendo a las Entidades Locales complementar y ampliar programas autonómicos o estatales.
Tampoco podemos olvidar las consecuencias negativas que sobre el empleo está teniendo esta crisis ni que los ayuntamientos también somos empleadores. Las durísimas tasas de reposición impuestas han provocado falta de personal y un envejecimiento de las plantillas municipales. Hace falta su flexibilización, adaptándola a la situación de cada entidad local, y que, en todo caso, no impida disponer del personal necesario para poder ejercer adecuadamente las competencias y servicios municipales esenciales. Es además de justicia agradecer el trabajo del personal municipal que, con su esfuerzo y dedicación, garantizan el funcionamiento de los servicios mínimos que necesita este ayuntamiento y están contribuyendo de manera decisiva a mantener las necesarias condiciones de salubridad y seguridad en los espacios públicos
Del mismo modo, debemos atender a las necesidades de vivienda de las personas más vulnerables. Es necesario un cambio legislativo que permita a los ayuntamientos destinar los fondos provenientes de la gestión del patrimonio público del suelo a la adquisición de vivienda, nueva o usada, con destino a alquiler social.
Finalmente, queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad a las personas y familias que han perdido a sus seres queridos; todo el ánimo a quienes se han visto contagiados por el COVID-19 y se encuentran aislados en casa o ingresados en los hospitales.
Al mismo tiempo, el agradecimiento más sincero a quienes trabajan en los servicios esenciales para garantizar la respuesta en momentos difíciles; en especial a todas y todos los profesionales sanitarios, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, con reconocimiento expreso del papel que están desempeñando los agentes de nuestra Policía Local, bomberos y trabajadores y trabajadoras de emergencias que, con una dedicación digna de elogio trabajan para revertir esta situación: servicio de limpieza viaria, recogida de basura, agua-alumbrado, servicios sociales, transportes, etc.. Hacemos extensivo este reconocimiento a todas las personas que están trabajando para asegurarnos el día a día: personal de comercios de alimentación, higiene y farmacia, y al sector agrícola y ganadero, etc.
El espíritu y la entrega de todas estas personas es la mejor muestra de que el compromiso con el servicio público va más allá de las responsabilidades laborales para convertirse en una forma de vida, una apuesta personal que honra a cuantos tenemos el honor de trabajar a su lado y contar con ellos y ellas. Ese compromiso junto al tesón, valentía y coraje de la ciudadanía es lo que nos hace tener la seguridad de que más pronto que tarde nuestra sociedad saldrá adelante.
Ahora más que nunca, trabajando conjuntamente y dando lo mejor de cada uno, haremos real nuestro firme convencimiento de que unidos saldremos de esta.