Artículo publicado el lunes 15 de enero de 2018 en La Nueva España
Sonrojantes diferencias respecto a otros países europeos
Antes que nada sería necesario hacer una pequeña estadística de ambos indicadores que, aunque aparezcan como datos socioeconómicos, tienen una importancia trascendental en la vida de miles de asturianas/os y gijonesas/es.
En primer lugar y muy gráficamente, el SMI es en realidad una cifra anual que fija la cuantía retributiva mínima que percibirá el trabajador referida a la jornada legal de trabajo, sin distinción de sexo o edad de los trabajadores y sean estos fijos, eventuales o temporales. Este valor se fija cada año por el Gobierno y para la determinación del mismo se tienen en cuenta factores como el Índice de Precios al Consumo, la productividad media nacional alcanzada o el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional.
Como ya es conocido, el Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2017 por fin fijó el SMI en los siguientes valores: Salario Mínimo diario: 24,53€; Salario Mínimo mensual: 735,90€; y el salario mínimo anual en 10.302,60€ (14 pagas), representando un incremento del 4% respecto al pasado año 2017. (El salario mínimo para media jornada se correspondería con el 50% de los valores indicados).
Conviene a estas alturas desmontar algunos de los argumentos utilizados, como propaganda, respecto de esta subida del SMI ya que las diferencias con respecto a otros países europeos resultarían sonrojantes, caso del Salario mínimo Francés que supone una diferencia de casi el doble, es decir de 700,82€ ya que el mínimo del país galo se sitúa en 1.457,52€, y eso por no hacer referencia a países como Holanda, Irlanda, etc., distando por encima unos 100€ más respecto, por ejemplo, a Grecia o Portugal.
En segundo lugar, el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), el Gobierno no lo ha revalorizado, pues sabe que el fin de las prestaciones sociales que Ayuntamientos y Comunidades suelen utilizar como referencia para el acceso a subvenciones y ayudas públicas, beneficia a las familias que se encuentran en una situación más débil frente a la crisis, y que con su subida supondría que pudiesen recuperar el poder adquisitivo perdido durante estos últimos años. Pero además, el Gobierno no quiso fijar un método permanente para su actualización con las Organizaciones Sindicales, quizás porque en su concepto de prestación, existen ciudadanos de primera y de segunda, respecto a la recuperación del poder adquisitivo para las familias. Es decir el IPREM volverá a ser el mismo que en el 2017, (537,84€ mensuales). Pero lo que muchos ciudadanos no saben es que el IPREM representa un referente, entre otros, para el subsidio del desempleo así como en la concesión de cientos de ayudas, de becas y de otras políticas públicas que afectan a múltiples colectivos muy vulnerables.
Después de repasados por alto ambos conceptos, nos gustaría hacer algunas apreciaciones que tienen que ver con los grandes retos a los que nos enfrentamos y que, desde nuestra perspectiva como socialistas, debemos hacer frente y dar respuesta, es decir, el comportamiento de este Gobierno y sus políticas nos remiten a cuestiones como el agravamiento de las desigualdades, la discriminación, el paro, la precariedad laboral y la marginación de la juventud con sus consiguientes consecuencias en la sociedad, representando esas prácticas políticas del Partido Popular y del Gobierno un populismo proteccionista que nada tiene que ver con los derechos de igualdad o del Estado Social proclamado en nuestra Constitución y ante la necesidad de la recuperación económica para cientos de ciudadanos en nuestra Comunidad y en Gijón.
Ya no cabe ninguna duda, en efecto, que los socialistas defendemos y apostamos como uno de los retos más importantes de nuestro siglo, que la igualdad y no discriminación son los grandes ejes de la organización social de nuestro tiempo y por supuesto, el reto más importante para un funcionamiento socialmente digno de la convivencia, como pivote fundamental sobre el que debe girar las medidas, actitudes y comportamientos políticos, sindicales y empresariales pues preside la relación entre empresarios y trabajadores, la relación entre los agentes sociales y los poderes públicos y la convivencia entre todos los grupos de trabajadores: las mujeres trabajadoras y los trabajadores masculinos; trabajadores jóvenes y maduros; trabajadores con capacidad plena y trabajadores con discapacidad; trabajadores españoles y extranjeros, etc.