• El PSOE exige que el Ayuntamiento de Gijón se sume a la petición para derogar la reforma de la Ley de Régimen Local

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    • Moriyón no quiso sumarse al recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 3.000 ayuntamientos en toda España
    • La reforma pone en riesgo las prestaciones sociales que se gestionan desde la Administración Local

    La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Marina Pineda, ha presentado esta mañana una proposición para que el gobierno de la nación derogue la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local y devuelva a los ayuntamientos las competencias en materia de servicios sociales.

    En una rueda de prensa, acompañada por la secretaria de Políticas y Movimientos Sociales del PSOE de Gijón, Natalia González, Pineda ha  exigido a Foro que se sume al recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 3.000 ayuntamientos de toda España contra esta ley, que dejará a las administraciones locales sin competencias en servicios sociales.

    En este sentido, Pineda ha hecho hincapié en que la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, no quiso sumarse a este recurso, pese a ser vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Un guiño más a la política de recortes del PP,  ha dicho, “con quien Foro ha ido siempre de la mano”.

    La concejala socialista ha recordado que esta reforma entrará en vigor el 1 de Enero de 2016, en uno de los momentos menos indicados para dejar a las administraciones locales sin competencias en materia social. Competencias que deberán asumir las comunidades autónomas, ha dicho, sin tener capacidad económica para ello. Pineda ha puesto de manifiesto que, en la ciudad de Gijón, el Ayuntamiento no tiene problemas de disponibilidad financiera y cuenta con una contabilidad saneada.

     En opinión de la socialista, este hecho se agrava debido a que la Junta de Gobierno no es capaz de agotar el presupuesto de  la Fundación de Servicios Sociales. Así ha destacado que un 30% de los menores a nivel nacional se encuentran en riesgo de pobreza y la mitad de los desempleados carecen de cualquier tipo de prestación.

    Marina Pineda ha señalado que los ayuntamientos son las administraciones más cercanas a la ciudadanía, y por tanto las que deben encargarse de prestar los servicios básicos y de atención inmediata a las personas. Con esta reforma, la prestación de servicios sociales por parte de las administraciones locales quedará limitada únicamente a la evaluación de situaciones de necesidad y la atención inmediata de personas en riesgo de exclusión social.

    Por su parte, Natalia González ha añadido  que  el recorte de 2.600 millones de euros del Gobierno, va a suponer que las personas no puedan acceder a los servicios sociales en la Administración Local. Este hecho pone en riesgo prestaciones como la ayuda a la dependencia, la ayuda a domicilio, la teleasistencia y las ayudas económicas que hasta la fecha se financiaban con la Administración Local.

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