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El PSOE teme que el gobierno esté buscando excusas para retrasar la tramitación de la ordenanza de ayudas de emergencia social

  • Se aprobó en Junta de Gobierno hace un año para unificar el marco jurídico y agilizar las prestaciones sociales económicas de las personas más vulnerables
  •  Natalia González Peláez (PSOE): “El texto tenía el aval jurídico y si al gobierno local no le gusta, solo tiene que elaborar otro proyecto e iniciar nuevamente el procedimiento para su aprobación”
  • La concejala del Grupo Municipal Socialista considera que esto puede suponer un retroceso y expulsar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad del sistema de Servicios Sociales

El PSOE de Gijón/Xixón teme que el gobierno local esté buscando excusas para retrasar la tramitación de la Ordenanza reguladora de las prestaciones económicas de primera necesidad, emergencia social y de apoyo a la intervención. El gobierno local ha presentado este mediodía un informe de la vicesecretaría del Ayuntamiento en la Comisión de Reglamentos que hace referencia no solo al texto, aprobado en Junta de Gobierno hace un año con todas las consideraciones legales en orden, también a la configuración y regulación de las ayudas de emergencia. “El proyecto tenía el aval jurídico, estaba trabajado con del personal técnico de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, y se trasladó a la Secretaría Municipal y a la Intervención, por tanto, cuando se aprobó inicialmente en Junta de Gobierno contaba con el informe favorable necesario. Ahora nos presentan otro informe para retrasar su entrada en vigor. Si al gobierno no le gusta, solo tiene que elaborar otro proyecto e iniciar nuevamente el procedimiento para su aprobación”, afirma la concejala del Grupo Municipal Socialista, Natalia González Peláez.

Ha hecho referencia así, en rueda de prensa, a la inacción del equipo de Carmen Moriyón en la materia y a la falta de responsabilidad en la gestión que la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Fernández-Ahuja, muestra desde que asumió la delegación de competencias. Los avances sociales que se fueron consiguiendo en el pasado mandato están paralizados, apuntan los socialistas. La ordenanza a la que se hace referencia era una propuesta que aunaba dos objetivos: que todas las personas del municipio contaran con la cobertura de sus necesidades más básicas desde una perspectiva de ejercicio de derechos de ciudadanía, dando soporte a aquellas que no reunían requisitos para acceder al Salario Social Básico o al Ingreso Mínimo Vital; así como agilizar su tramitación, poniendo en valor la intervención social con la separación de la atención de las necesidades exclusivamente económicas de aquellas situaciones de vulnerabilidad en las que es imprescindible el acompañamiento y la intervención social. También pretendía descargar a las UTS de una excesiva carga administrativa, potenciando la intervención y reconociendo su diagnóstico de necesidades y prescripción social.

“Nos tememos que el informe sobre la ordenanza sirva de excusa para que siga el mismo camino que el Plan de Acción o que la Red de Inclusión Activa: el olvido. Puede suponer un claro retroceso en el municipio a través de la expulsión de las personas en situación de mayor vulnerabilidad del sistema municipal de Servicios Sociales, volviendo a la más pura beneficencia. Además, conllevará una sobrecarga administrativa y burocrática para las y los trabajadores sociales, abocados a continuas tramitaciones que limitarán la intervención y el trabajo comunitario. El gobierno local está perpetrando una visión estereotipada de sospecha continua sobre las personas beneficiarias, porque la carga burocrática servirá de barrera para el acceso a las ayudas. Todo ello se traducirá en un aumento de los tiempos de solicitud y tramitación”, insta la concejala socialista.

Cabe recordar que las ayudas de emergencia están actualmente reguladas por un acuerdo de la Junta Rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales y es necesario sustituir por la ordenanza indicada para unificar, de este modo, el marco jurídico, simplificar los procedimientos y mejorar la complementariedad de las distintas prestaciones sociales económicas.

A modo de conclusión, González Peláez cree que este no es el camino para construir un Gijón/Xixón realmente inclusivo con unos servicios sociales propios del siglo XXI. “Mientras otros ayuntamientos tienen tiempos de concesión y abono de las ayudas de emergencia de semana y media, según nos relatan algunas entidades sociales, aquí en muchos casos se llega a los tres meses”, sentencia.

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