Entrevista publicada en El Comercio de Gijón
Fuente Foto: Juan Carlos Tuero
NATALIA GONZÁLEZ. CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS
«Se han beneficiado 1.167 familias, ya que algunas fueron renovaciones. De ellas, 752 no tenían ningún ingreso y se han gastado 2,5 millones»
-¿Cómo se ha vivido todo este tiempo en la Fundación de Servicios Sociales?
-¿Se imaginaba la atención telemática?
-Pasar de la presencial, en la que estás ayudando y atendiendo a personas continuamente, ha sido complicado, pero logramos hacer frente gracias a la dedicación del personal, que buscó fórmulas alternativas y también a la colaboración externa.
-Personal que ha sido insuficiente. Han llegado a estar colapsados.
-Cuando llegué aquí ya existía un modelo desfasado y esta situación nos hizo repensar que son necesarios cambios, crecer y reorganizarnos si queremos dar una buena atención. La sociedad va a cambiar, aun no sabemos las consecuencias que tendrá en los servicios sociales.
-¿Qué han priorizado en este tiempo de pandemia?
-La cuestión más urgente a la que nos enfrentamos fue poner normas a los centros que acogen a personas sin hogar y atender y acoger a las que están en la calle. Fue un trabajo rápido para buscar soluciones. Eso es lo más visible. Hubo que atender a las necesidades básicas de las personas, especialmente a los más vulnerables. Afloraron necesidades. Lo primero fue La Tejerona, un recurso en el que se implicaron varias instituciones y que fue un gran esfuerzo en un mismo espacio con visiones y metodologías diferentes. Facilitamos la desescalada de esas personas.
-¿Qué datos tiene sobre el impacto de la COVID en servicios sociales?
-Uno de los más importantes tiene que ver con las ayudas de emergencia y hemos flexibilizado los requisitos. Desde el estado de alarma hasta junio hemos concedido 1.270 ayudas, lo que afecta a 1.167 familias, ya que algunas fueron renovaciones. De ellas, 752 no tenían ningún ingreso. Ha supuesto un desembolso de unos 2,5 millones. Iremos a más. Se ha gastado más del doble en estos meses que en todo 2019.
-¿Se imaginaba que vería colas de hambre en esta ciudad?
-Hacía tiempo que no se entregaban vales para alimentos. Ha quedado en evidencia la fragilidad. Nuestro reto es ser capaces de gestionar eso. El Ingreso Mínimo Vital tendrá mucho que decir.
-Hablemos de la renta social. Hay presupuestado más de un millón de euros para unas nuevas ayudas que iban a negociar con Podemos. ¿Qué va a pasar ahora?
-Hay un presupuesto para ayudas complementarias que se negoció con Podemos. Hubo reuniones para que fuera sostenible y gestionable. Llegó la emergencia sanitaria y estuvimos en una situación casi de UCI. La renta social no estaba destinada para la ayuda alimentaria sino para los gastos básicos, pero hemos tenido que atenderlo con ayudas de emergencia. Hay que ver el impacto del Ingreso Mínimo Vital y el salario social y cómo se reforma todo. Hay que ir hacia una ordenanza de ayudas de emergencia y compaginarlo con la ley del Principado. Hay que terminar el sistema de ayudas municipales. Más de 7.000 familias gijonesas podrán percibir el ingreso mínimo vital. En estos momentos, más de 6.000 reciben el salario social y el resto, ayudas municipales.
-¿Qué pasará con las becas de comedor?
-Hacemos convocatorias anuales. Se fijan las normas aceptadas por los centros escolares expresamente. Los concertados y públicos tienen la obligación de dar comidas con unas condiciones determinadas y no cobran al alumnado. La beca es un servicio no un precio. También hay becas para la atención privada (desayunos). Este curso se inició con 66 euros y se hizo una licitación con condiciones determinadas, por ejemplo, un día a la semana comida ecológica y se tuvo que elevar el precio y se elevó a 91 euros, pero también hubo una reducción en atención temprana. No hay más polémica. No nos llegaron quejas. El año próximo a los niños ya becados se les prorrogará y se convocará a nuevos alumnos.
-Está previsto un nuevo servicio de intermediación para el alquiler de viviendas. ¿Cómo avanza el proyecto?
-La próxima semana se aprobará el servicio. Ya hay propietarios que se han puesto en contacto con nosotros. Incluiremos una especialización para asociaciones, entidades y ONG que atiendan a personas sin hogar. Buscaremos condiciones dignas para evitar los abusos. Además, estamos en proceso de comprar más viviendas en diferentes zonas para que puedan acceder personas con más dificultades.
-¿Y las ayudas energéticas?
-La idea era tener preparada la convocatoria en el primer trimestre. No ha sido posible pero estamos intentando solucionarlo, ya que teníamos 4.000 solicitudes. Esperamos que estén listas a primeros de agosto.
-Se ha atendido a colectivos como los ‘sin papeles’.
-Hemos abierto las ayudas de emergencia a todos y atendido a un porcentaje elevado para gastos elementales. Es una situación compleja, administrativamente. Hemos incorporado remanentes para todo eso.
-El servicio de ayuda a domicilio habló de falta de medios.
-El SAD es un servicio fundamental en la atención a la ciudadanía, muy especialmente para las personas mayores y para las que cuentan con algún tipo de dependencia. Durante la emergencia sanitaria en la Fundación hemos puesto todas las medidas necesarias para garantizar la salud de trabajadoras y de usuarios, muy especialmente de aquellos que carecían de otros apoyos, siguiendo siempre las instrucciones que se iban dictando tanto a nivel estatal como del Principado. Esperamos que en las próximas semana podamos sacar los pliegos de la nueva licitación del servicio ya que a finales de año finaliza el contrato actual con Aralia.