- El hospital privado con el que Carmen Moriyón ha suscrito un contrato público anuncia en su web los servicios médicos de la regidora
- Los socialistas preguntarán en comisión por la relación mercantil o laboral de la regidora con el grupo privado
- Carmen Eva Pérez Ordieres: “En caso de que sí exista esa relación económica entre la alcaldesa y el hospital privado, debería haberse abstenido y no haber firmado el contrato como indica la ley”
El PSOE de Gijón/Xixón advierte de un posible conflicto de intereses de la alcaldesa con su actividad privada. Los socialistas señalan que Carmen Moriyón adjudicó un contrato público con un hospital privado para la realización de pruebas y/o consultas médicas a los empleados municipales. Tal y como ha explicado la portavoz del Grupo Municipal Socialista en rueda de prensa, la regidora suscribió el contrato el 27 de mayo de 2025 con un gasto estimado de 60.898’50 euros y, en la publicidad corporativa del grupo empresarial sanitario, aparece como miembro del equipo médico, es decir, anuncian sus servicios como especialista dentro de lo que denominan ‘Instituto de la Mujer’. “Hablamos de un contrato con un hospital privado que realizará a los empleados municipales, pruebas ginecológicas y urológicas, radiografías… y ese hospital privado ofrece los servicios de doña Carmen Moriyón en sus instalaciones. No estamos cuestionando la legalidad de la adjudicación sino la participación de la alcaldesa en la misma. ¿Cuál es la relación mercantil o laboral que les une?”, se cuestiona Carmen Eva Pérez Ordieres, quien trasladará a la Comisión de Hacienda esa misma pregunta ya que, recuerda, la alcaldesa no ha presentado de forma detallada de sus actividades pese a tener la obligación legal de hacerlo. “Lo hemos solicitado en diversas ocasiones. La alcaldesa tiene una dedicación al Ayuntamiento solo del 90%, y cobra el 90% del sueldo de regidora porque ha querido reservarse el 10% para poder mantener su actividad privada, precisamente, en el ámbito de la medicina privada. Tiene que aclarar y completar su declaración de bienes para poder esclarecer esta situación de conflicto de intereses”, ha explicado la edil socialista.
La Ley de Contratos del sector público, en su artículo 64.2 recoge que el conflicto de intereses afectará a cualquier persona que forme parte del órgano de contratación y tenga directa o indirectamente interés financiero, económico o personal, si ‘ello pudiera parecer que comprometer su imparcialidad o independencia en la licitación’. La normativa contempla para estos casos la figura de la abstención con el objetivo de proteger la confianza de la ciudadanía. “En caso de que sí exista esa relación económica entre la alcaldesa y el hospital privado, debería haberse abstenido y no haber firmado el contrato como indica la ley. En un sistema democrático nadie debería quedar fuera del cumplimiento de la ley y a las autoridades les afecta la misma normativa por lo que la máxima autoridad debería de comprender que exijamos que ella también cumpla”, concluye Pérez Ordieres que ha señalado la imposibilidad de que la oposición inste a la recusación de este caso de conflicto de intereses ya que, al estar incompleta la citada declaración de actividades privadas de la alcaldesa, no disponen de la información necesaria para ejercer el derecho a la recusación.