“Foro mintió sobre la entrada en funcionamiento de las cámaras de videovigilancia de la zona rural”, corrobora el PSOE
- El expediente municipal demuestra que las cámaras se pusieron en funcionamiento a finales de junio, pero ni siquiera estaban autorizada
- Marina Pineda: “La puesta en funcionamiento sin autorización es un hecho muy grave porque las grabaciones son ilegales”
- “La concejala de Seguridad no tuvo pudor al defender la utilidad de las cámaras para atajar los robos en la zona rural durante todo el verano pese a que no tuvieron autorización hasta el 3 diciembre”, denuncia la edil socialista
Las cámaras de videovigilancia de la zona rural no se pusieron en funcionamiento hasta el pasado junio y la autorización que debe emitir Delegación de Gobierno no se solicitó hasta el día 16 de ese mes, por tanto, la resolución no llegó hasta el 3 de diciembre. El Grupo Municipal Socialista ha tenido acceso al expediente municipal, corroborando que Foro mintió durante todo el proceso de contratación.
“La concejala de Seguridad Ciudadana de Foro, Nuria Bravo, mintió; mintió a los vecinos y vecinas de la zona rural cuando en marzo de 2025 les anunció que las cámaras ya estaban instaladas y en funcionamiento, y mintió sin pudor al defender la utilidad de estas cámaras para atajar los robos en la zona rural durante todo el verano pese a que no tuvieron autorización hasta el 3 de diciembre”, ha advertido Marina Pineda en rueda de prensa esta mañana.
La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista ha tachado de chapuza la contratación de las cámaras. Ha recordado que, en mayo de 2023, a finales del pasado mandato y con el PSOE al frente del Ayuntamiento, los socialistas consiguieron la autorización para la instalación de 49 cámaras, una autorización que debió renovarse un año después pero que Foro no hizo porque la ley exige que las cámaras estén instaladas. “El actual gobierno local, no agilizó la contratación de las cámaras para que estuvieran instaladas antes del vencimiento de dicha autorización. Hasta abril de 2024 no inició el procedimiento, cuando ya era imposible que se cumpliesen los plazos legales. A partir de esa fecha, el expediente se convirtió en un auténtico despropósito de resoluciones anuladas, informes desfavorables, y recursos. Se retrasó la firma del contrato hasta enero de 2025, se formalizó en marzo y no fue hasta el 20 de junio cuando se firmó el acta de recepción provisional del contrato, dándose por cumplido el primer hito, que era la instalación propiamente dicha de las cámaras. El 5 de agosto se firmó el acta de recepción definitiva en la que se constata que el 30 de junio el hito número 2 del contrato estaba finalizado, que era la puesta en marcha del sistema”, ha explicado la concejala.
Con todo ello, ha advertido que la puesta en funcionamiento de las cámaras sin autorización es un hecho muy grave que “puede provocar la nulidad de actuaciones que se hayan llevado a cabo para esclarecer los robos en base a esas grabaciones porque son ilegales y, además, podría conllevar importantes responsabilidades para el Ayuntamiento de Gijón, ya que puede entenderse como una intromisión ilegítima en la intimidad de las personas. ¿Cómo puede ser que en junio se hayan puesto en funcionamiento cuando no estaban autorizadas?”, ha cuestionado la edil socialista.