Artículo de opinión de Tino Vaquero, concejal socialista en el Ayuntamiento de Gijón/Xixón, publicado en La Nueva España el 5 de febrero de 2026.
El problema de la vivienda en Gijón/Xixón y la falta de soluciones de la derecha local
Desde las filas de la derecha local siempre se escucha el mismo soniquete: que el mercado de la vivienda se regula solo, que hay que construir más, que los “inquiokupas” y los “falsos vulnerables” campan a sus anchas, que la recién nacida Ley de Vivienda es el origen de todos los males y que las zonas tensionadas son el ejemplo de unas políticas que nos conducen al desastre.
Dos realidades sí podemos constatar: ni una sola vivienda construida a iniciativa del Ayuntamiento en lo que llevamos de mandato de la señora Moriyón y Gijón liderando en Asturias los precios más altos en compra o en alquiler. Quizá a esto se refiere la alcaldesa cuando nos dice que Gijón va a “despegar”, como Madrid, ya saben, “De Gijón…, al cielo”, y allí nos vamos a tener que ir porque aquí va a estar difícil encontrar donde vivir.
Viene esto a cuento porque se ha abierto el período de información pública para la declaración de zonas tensionadas en Gijón con los datos obtenidos en el informe elaborado por la Consejería de la Vivienda, que nuestra derecha ya se ha encargado de poner en entredicho antes de conocerlo anunciando posibles alegaciones.
Los primeros datos oficiales tras la declaración de zonas tensionadas en 21 municipios de Navarra son alentadores, con una bajada del precio de los alquileres en el segundo semestre de 2025 de casi el 9% sin una disminución del número de contratos suscritos. El País Vasco también tiene declaradas zonas tensionadas sus tres capitales, entre otras, y los datos irán seguramente en la misma línea, como ya ocurrió en Cataluña.
Es importante actuar cuanto antes en Gijón para atajar esta evolución al alza y sin fin. Las zonas tensionadas son el instrumento que la Ley de Vivienda ofrece para cortar de raíz la subida de los precios y con ella vendrán una serie de medidas correctoras que tienen que incidir en la oferta de vivienda y que solo se pueden llevar a cabo de forma efectiva con la colaboración leal del Principado y del Ayuntamiento.
Limitarlo a solo dos barrios de la ciudad, Cimavilla y la Arena, parece un exceso de prudencia que puede traer problemas añadidos, aunque con la escasa colaboración mostrada por el Ayuntamiento y su posicionamiento frontal contra las zonas tensionadas, poco más se podía hacer. El Principado puede imponer sus competencias y declarar tensionada toda la ciudad si se cumplen los requisitos que la Ley exige, pero si el Ayuntamiento no va a colaborar en forma alguna, ni para ceder suelo, ni para construir vivienda, ni para ayudar en las rehabilitaciones o para diseñar una política fiscal que, desde lo local, incentive la salida al mercado de viviendas vacías, las medidas tendrán escaso éxito y será difícil, incluso, dar destino a toda la financiación que va a llegar, para revertir las zonas tensionadas, desde el Plan Estatal de Vivienda.
Si la respuesta de nuestro Ayuntamiento ante el problema más grave de la ciudadanía es boicotear la aplicación de la Ley (como hacen todas las comunidades gobernadas por el PP) o no hacer nada excusándose en las competencias, a ellos habrá que exigir responsabilidades como causantes de la mayor crisis habitacional de la historia de esta ciudad.