- Emplaza a Foro a despejar todas las dudas en el Pleno después de que la alcaldesa desautorizara, una vez más, a sus propios concejales
- Tino Vaquero: “Lo que anunciaron Pelayo Barcia y Nuria Bravo es ilegal y contrario a derecho”
- El edil exige conocer los informes técnicos y jurídicos que avalen y justifiquen la medida
El PSOE de Gijón/Xixón reclama a Foro que aclare qué es lo que va a hacer exactamente con la prohibición de circulación de patinetes por el centro de la ciudad. Llevará a Pleno el debate después de que los ediles Pelayo Barcia y Nuria Bravo hicieran pública en rueda de prensa esta medida que entraba en vigor prácticamente de forma inmediata (hoy día 1 de junio concretamente) y después la alcaldesa los desautorizara, anunciando su regulación mediante ordenanza. “No sé si de aquí al Pleno tendremos más novedades a la vista de las diferentes versiones dentro del equipo de gobierno. Después de que la alcaldesa dejara en suspenso la prohibición anunciada, el señor Barcia volvió a matizar en sus redes sociales que lo único que va a hacer es contemplar excepciones para repartidores y residentes; su incontinencia verbal es abrumadora, es el mismo concejal y el mismo Gobierno que el otro día votó en contra de una proposición de Vox a través de la que pedían elaborar una ordenanza reguladora para estos vehículos. Se ve que no querían votar con la ultraderecha para no recordar la coalición que llevó a Moriyón al poder, pero son lo mismo. Que respondan: ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer efectiva una prohibición de circular con excepciones? ¿O van a permitir la circulación general para todos los usuarios de patinetes estableciendo sanciones para quienes incumplan?”, cuestiona Tino Vaquero.
El edil del Grupo Municipal Socialista preguntará también por los estudios o informes técnicos y jurídicos que avalan y justifican esta medida y que deberían analizar también la proporcionalidad e idoneidad de la medida. “Hablaban los concejales de número de accidentes, de infracciones cometidas y de obstáculos para el transporte público. ¿En qué informes se han basado? Resulta difícil de creer que estos vehículos cometan más infracciones que coches, motos, camiones y/o que causen más accidentes. Basta echar con un vistazo a nuestras calles, a las aceras, a las zonas de carga y descarga, a las noticias sobre accidentes, etc. para ver las infracciones que se cometen diariamente y sobre las que se hace la vista gorda, en lo que nosotros hemos calificado ya en el Pleno, varias veces, como “Gijón Ciudad sin Ley”, añade.
Para Vaquero, lo anunciado por los ediles Pelayo Barcia y Nuria Bravo es, además, ilegal y contrario a derecho. Sostiene que la Ordenanza de Circulación de 2002, la vigente después de Foro que tumbara la Ordena de Movilidad Sostenible, no regula los Vehículos de Movilidad Personal (VMP). El concejal sostiene que la prohibición de los patinetes carece de respaldo legal porque la Ordenanza de Circulación de Gijón, aprobada en 2002, no regula los Vehículos de Movilidad Personal (VMP). Es verdad que los municipios tienen competencias para la ordenación de las relaciones de convivencia y del tráfico en las vías urbanas, pero este ejercicio competencial no es ilimitado ni puede articularse de forma puramente discrecional, sino que debe encauzarse a través de los instrumentos jurídicos formales preestablecidos: las Ordenanzas Municipales.
Cualquier restricción general de circulación debería, dice, aprobarse mediante una modificación de la ordenanza por el Pleno municipal, con los correspondientes trámites de información pública y participación ciudadana, y no mediante señales de tráfico, resoluciones o actos administrativos. Además, argumenta que las señales son instrumentos de ejecución y no pueden sustituir a una norma reglamentaria previa, por lo que una prohibición general como esta (afecta a la mayor parte de las calles del centro urbano) sin cobertura en ordenanza podría vulnerar los principios de legalidad, seguridad jurídica y jerarquía normativa. También afecta a actividades económicas vinculadas a estos vehículos, vulnerado la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado y la de Estabilidad Presupuestaria. “Si la Ley de Tráfico prohíbe taxativamente a estos vehículos la circulación por aceras, paseos y zonas peatonales, dejando como único espacio legal de circulación la calzada urbana, al prohibir de forma simultánea y generalizada el acceso a las vías urbanas del centro a través de la instalación física de la señal R-118, el efecto material de la resolución o del acto administrativo municipal es el aislamiento y confinamiento total del centro de la ciudad para estos vehículos. Esto desborda los límites de la proporcionalidad y configura una vía de hecho nula de pleno derecho”.
Todo ello refleja una política de movilidad «regresiva y desfasada», alejada de las tendencias europeas que apuestan por medios de transporte sostenibles y por reducir la dependencia del coche. “Tal parece que acaban de salir de las cavernas. Lo venimos diciendo desde el inicio del mandato y este es un ejemplo perfecto de ese fanatismo negacionista de quien está al frente de la concejalía de movilidad. Ahora resulta que a estos vehículos, que han revolucionado la forma de desplazarse en el centro de las ciudades y en los pequeños desplazamientos periurbanos, que han dado una nueva dimensión al reparto de mercancías en el centro, que forman parte de una actividad económica importante para muchas personas, que no contaminan, que no generan ruido y que constituyen una herramienta de movilidad de primer orden para muchos trabajadores y trabajadoras -y aquí el sesgo de género y la clase social tiene importancia-, se les penaliza con un prohibición general de circular por el centro de la ciudad. Estos que prohíben son los mismos que luego van a hacer teatro a la oficina del Defensor del Pueblo a decirle que en Gijón hay contaminación, los mismos que tres años después de iniciado el mandato todavía no han puesto en marcha una zona de bajas emisiones incumpliendo la ley y arrastrando el nombre de la ciudad como objetora al cumplimiento de los objetivos de neutralidad climática o que ni han intentado siquiera una nueva ordenanza de movilidad”, puntualiza el concejal.
El PSOE recuerda, además, la necesidad de que las decisiones de este tipo se debatan en el Consejo Sectorial de Movilidad, que a lo largo del mandato solo se ha reunido en dos ocasiones, y defienden que se sancione a los infractores y no se castigue a quien ha adquirido un vehículo legal y autorizado por la DGT.