Artículo de Opinión de Jorge Fernández León, experto en políticas culturales y secretario de Ideas y Programas de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón/Xixón, publicado el 24 de junio de 2026 por El Comercio
Hay instituciones cuya importancia no se aprecia lo suficiente ni siquiera cuando están a punto de perderse. El Archivo Municipal de Gijón es una de ellas. Custodio silencioso de siglos de historia local -actas capitulares, padrones vecinales, licencias de obras, expedientes de toda índole-, desconocido para mucha gente, vive desde hace años una situación de deterioro continuado que no admite más demoras. La falta de un local adecuado, la escasez de personal especializado y la ausencia de una política archivística coherente amenazan con privarnos de un patrimonio documental que, en caso de pérdida, abre una herida irrecuperable en el pulmón de la memoria ciudadana.
Un archivo no es un almacén de papeles viejos. Es la memoria administrativa y cultural de un municipio: el lugar donde la ciudadanía puede ejercer su derecho a saber, donde quienes investigan reconstruyen el pasado, donde la propia institución municipal rinde cuentas de su actuación a lo largo del tiempo. Sin un archivo en condiciones, la transparencia se evapora y la identidad colectiva es un relato sin documentos que lo sustenten. Las relatoras especiales de Naciones Unidas sobre derechos culturales llevan más de una década señalando que el acceso al patrimonio documental forma parte del núcleo básico de los derechos culturales de toda persona. Los archivos públicos -y especialmente los municipales, por su proximidad- deben considerarse servicios universales, como lo son los colegios, las bibliotecas públicas o los centros de salud. Numerosos documentos del Consejo Internacional de Archivos y del Consejo de Europa lo reiteran: los archivos locales son infraestructura democrática, no lujo prescindible.
La situación en Gijón dista mucho de cumplir estos estándares. Los fondos documentales se encuentran dispersos en espacios inadecuados, con condiciones de temperatura y humedad que no garantizan la conservación a largo plazo. La plantilla de profesionales archiveros es insuficiente para atender tanto las tareas técnicas de descripción y digitalización como la atención al público. Y, lo que quizá es más preocupante, el Ayuntamiento no cuenta con una política de archivo aprobada y en aplicación que establezca objetivos, plazos y recursos. Se improvisa, se subsiste, pero no se planifica. Y la que tiene sobre el papel se incumple sistemáticamente,
El local: un problema estructural exige solución estructural.
El nudo gordiano de todos estos problemas es la falta de un edificio propio y adecuado para el Archivo Municipal. Un espacio diseñado o adaptado específicamente para custodiar documentación, con depósitos que cumplan las normas en materia de condiciones ambientales, con salas de consulta y de difusión accesibles, con instalaciones para la digitalización y la restauración Sin eso cualquier mejora parcial tiene escaso futuro. No podemos sanar sin hospitales. La búsqueda de ese local no puede abordarse como una decisión oportunista -el primer inmueble que quede libre, la solución provisional que se vuelve definitiva-. Ha de ser el resultado de una planificación rigurosa que tenga en cuenta la proyección de crecimiento del fondo documental en los próximos decenios, la accesibilidad para la ciudadanía, la posibilidad de integrar servicios complementarios como sala de exposiciones o espacio educativo, y, por supuesto, los costes de adecuación y mantenimiento a largo plazo. Ciudades asturianas y de toda España han resuelto este reto con acierto: Gijón también puede hacerlo.
Personal especializado: la otra pieza imprescindible.
Un edificio sin profesionales es un contenedor vacío. La archivística moderna exige conocimientos técnicos que van más allá de ordenar carpetas: descripción según normas internacionales, gestión de documentos electrónicos y expedientes digitales, conservación preventiva, digitalización y metadatos, atención a la investigación y al público en general. El Ayuntamiento debe apostar por estabilizar y ampliar la plantilla del Archivo con archiveros y técnicos cualificados, y garantizar su formación continua ante los desafíos de la administración electrónica, que genera volúmenes de documentación digital sin precedentes.
Una política de archivo: el marco.
El local y el personal son condiciones necesarias, pero no suficientes. Lo que en última instancia garantiza la sostenibilidad del Archivo es la existencia de una política municipal de archivo aprobada por el Pleno, con rango normativo, que mejore la existente y establezca con claridad el papel de la institución en el ecosistema administrativo y cultural del municipio. Esta política debe contemplar, como mínimo: la gestión del ciclo de vida documental desde su creación en los distintos departamentos municipales; los criterios de selección, valoración y expurgo de documentos; el plan de digitalización y acceso en línea; la coordinación con otros centros de memoria (Biblioteca de Asturias, Archivo Histórico de Asturias, museos locales); y las condiciones de acceso e investigación para el público. Varios municipios españoles de tamaño comparable al de Gijón cuentan ya con reglamentos de archivo actualizados y planes estratégicos plurianuales. No se trata de reinventar la rueda, sino de aprender de las mejores prácticas y adaptarlas a la realidad gijonesa. El proceso puede y debe ser participativo: los profesionales del Archivo, los investigadores, las asociaciones de memoria histórica y la ciudadanía en general tienen mucho que aportar.
Pistas para una hoja de ruta.
El Ayuntamiento de Gijón debe abordar esta cuestión con la seriedad y la ambición que merece, articulando una hoja de ruta en tres horizontes temporales. A corto plazo: aprobando un reglamento municipal de archivo actualizado, reforzar la plantilla con al menos dos plazas de archivero y encomendar a los servicios técnicos un estudio de necesidades espaciales y opciones de ubicación. A medio plazo: seleccionar consensuadamente y acondicionar el local definitivo, con dotación presupuestaria específica y posibilidad de recurrir a fondos europeos —el Programa Ágora UE o los fondos FEDER contemplan la preservación del patrimonio documental—. A largo plazo: consolidar el Archivo Municipal como institución de referencia para la memoria colectiva de Gijón, con horarios ampliados, servicios digitales de consulta y un programa educativo que acerque los fondos a los centros escolares del municipio.
Gijón ha sido mucho tiempo ejemplo de comunidad orgullosa de su historia e identidad. No puede permitirse perder el lugar donde todo eso se cuida. El Archivo Municipal es una inversión en la capacidad de la ciudadanía para conocer su pasado, entender su presente y tomar decisiones informadas sobre su futuro. El momento de actuar es ahora, antes de que la desidia convierta en irreversible lo que hoy todavía tiene solución. El Ayuntamiento tiene la palabra —y la responsabilidad.