- Tino Vaquero: “No vamos a enmendar aquello que nace ya con la vocación de no cumplir la ley”
- El texto no recoge objetivos para la mejora de la calidad del aire, no tiene carácter permanente, no delimita una zona significativa de la ciudad, permite el acceso de todos los vehículos y aplaza las sanciones hasta 2029
- “Es una burla de auténtico trilero, negacionista y ventajista a costa de la salud y del bolsillo de todos los gijoneses y gijonesas”, subraya el edil
El concejal del Grupo Municipal Socialista, Tino Vaquero, ha anunciado que no presentará enmiendas a la Ordenanza de Zona de Bajas emisiones elaborada por el Gobierno local al considerar que es un fraude de ley. El texto que propone el equipo de Carmen Moriyón incumple lo establecido en la Ley de Cambio Climático y en el Decreto que regula las Zonas de Bajas Emisiones. “Intenta aparentar cumplir la normativa estatal pero el fin es precisamente burlar la ley. Se aparentan restricciones que no son tal y que no contribuyen al cumplimiento de los objetivos de estas zonas de bajas emisiones, que son la mejora real de la calidad del aire, la mitigación del cambio climático, el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica, el impulso del cambio modal hacia modos de transporte más sostenibles o la promoción de la eficiencia energética en el uso de los medios de transporte”, critica Vaquero.
En concreto, la Ordenanza no tiene un carácter continuo y permanente en el tiempo, ya que las restricciones de acceso entran en vigor en función de los niveles de alerta por contaminación fijados en el Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste de Gijón, que apenas se activan entre 20 y 30 días al año. “Para aparentar que sí es continua y permanente se inventan un nivel “I” de informativo, donde todos los vehículos tienen acceso con el único requisito de que estén registrados en el registro municipal de vehículos autorizados”, ha explicado el concejal.
En ese sentido, no se da cumplimiento a la exigencia legal de que se establezcan prohibiciones o restricciones de acceso, circulación, y estacionamiento según el potencial contaminante de los vehículos. “Permiten el acceso indiscriminado a independientemente de la clasificación energética de los vehículos”, subraya Vaquero.
En cuanto al ámbito de aplicación, no se ajusta al requisito de que afecte a una parte significativa de la población, del tráfico de vehículos y de la superficie del municipio. “La Zona de Bajas Emisiones prevista ocupa 1’3 km2 de los 182 km2 que tiene el municipio, afecta a 26.000 habitantes de los 270.000 censados y a 10.800 vehículos frente a un total de 160.689. Solo una zona superficialmente significativa del municipio que lleve consigo restricciones puede arrojar resultados medioambientales mesurables y positivos”, añade.
Además, las sanciones por infracción no se aplicarán hasta el 1 de enero de 2029.
“Si ponemos todo ello en relación -días de activación contados a lo largo del año, superficie territorial y afectación poblacional escasa y permisividad de circulación para todos los vehículos, también para los más contaminantes- vemos como la ZBE se diseña precisamente para no cumplir ninguno de los objetivos que la ley atribuye a estas zonas. La norma es una simple caricatura, una burla de un gobierno insumiso a cumplir la exigencia legal”, ha reivindicado Vaquero.
Según el concejal socialista, la condición de fraude de ley de la Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones del Gobierno municipal ha quedado confirmada por las declaraciones públicas del concejal de Movilidad, Pelayo Barcia, quien ha reconocido, además, que confía en que la legislación estatal sea modificada antes de que entren en vigor las sanciones, antes de 2029.
Se trata, en definitiva, de una simulación más, dice Tino Vaquero, “a las que nos tienen acostumbrados esta gente de Foro. Y me viene ahora a la memoria la imagen de la alcaldesa Carmen Moriyón firmando el acuerdo electoral con VOX que le permitió acceder a la Alcaldía y que ya vimos desde el primer día que no tenía intención de cumplir. Un ejemplo claro de simulación en las obligaciones y contratos en cualquier facultad de Derecho”.
Desde el PSOE gijonés recuerdan además que la negativa del Gobierno local a implantar una ZBE efectiva ya tuvo consecuencias económicas para la ciudad con la pérdida de las ayudas estatales al transporte público, que encareció el precio del billete del autobús y que el Principado está teniendo que asumir, y advierten de las posibles repercusiones sobre los 7 millones de euros de los fondos europeos dirigidos a cumplir objetivos climáticos.
Por todo ello, el concejal Tino Vaquero rechaza participar en lo que considera «una mera pantomima, una burla de auténtico trilero donde el señor Pelayo Barcia y su equipo siempre “ganan”: ganan si a través de este fraude de ley consiguen aprobar la norma, como es previsible, y hacen que Gijón no tenga ninguna restricción efectiva, y ganan si le impugnamos la norma ante los Tribunales y estos declaran su nulidad, que él será el primero en celebrar. Ventajistas a costa de la salud y del bolsillo de todos los gijoneses y gijonesas”.
Cabe señalar, para concluir, que el Grupo Municipal Socialista defiende la necesidad de elaborar una nueva ordenanza ajustada a la legislación vigente, con una Zona de Bajas Emisiones que contribuya realmente a mejorar la calidad del aire.