Gijón, 27 oct (EFE).- La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Gijón, Marina Pineda, ha considerado necesario que el gobierno central dicte un decreto ley de urgencia que resuelva la situación generada a raíz de la próxima anulación del impuesto de plusvalía por parte del Tribunal Constitucional (TC) con el fin de que las corporaciones puedan aprobar sus presupuestos para 2022.
Pineda ha considerado una “mala noticia” que el Tribunal Constitucional anunciara ayer que, en una próxima sentencia, declarará inconstitucional varios artículos de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que fijan el método para calcular la base del impuesto.
La portavoz de Hacienda de Gijón, que preveía recaudar 12 millones por este impuesto, ha considerado que la sentencia llega “en el peor momento” porque todos los ayuntamientos están elaborando sus cuentas para 2022 que parten de unas previsiones de ingresos.
De confirmarse en el detalle de la sentencia la anulación por completo la plusvalía llevaría a Gijón a tener que reformular el presupuesto y muchas dificultades para cumplir con las reglas de ahorro neto y de estabilidad, ha advertido.
En Gijón, ha precisado, la previsión de recaudación por este impuesto asciende a 12 millones, lo que “desequilibraría por completo el presupuesto” y una rebaja así resulta “absolutamente impensable”.
“Necesitamos una solución urgente”, ha reclamado Pineda, que se ha adherido a la petición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que reclama una ley de plusvalía.
Pineda ha afirmado que el TC lo que establece es la nulidad de un determinado modo de cálculo, por lo que ha pedido establecer otro método por la vía de urgencia para poder mantener las previsiones presupuestarias.