- El PSOE acusa al gobierno de mentir al anunciar que las cámaras ya estaban en funcionamiento pese a que su autorización no se evaluó hasta la comisión de garantías de videovigilancia del pasado 19 de noviembre
- Marina Pineda: “O las cámaras no estaban grabando o, si lo hacían, esas grabaciones eran ilegales”
- La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista pide el cese inmediato de la concejala de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo
El PSOE ha desvelado esta mañana en rueda de prensa un nuevo escándalo del gobierno local al que califica de extremadamente grave por poner en riesgo la seguridad de las parroquias rurales. Las cámaras de videovigilancia de la zona rural no estuvieron operativas al menos hasta finales del mes de noviembre. La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Marina Pineda, ha explicado que la instalación de cámaras fue autorizada durante el pasado mandato, en mayo de 2023, con una duración de un año. Esa autorización debía renovarse, por tanto, en mayo de 2024, pero no se hizo porque las cámaras ni siquiera estaban instaladas -requisito imprescindible para solicitar dicha renovación-. No se valoró finalmente hasta la comisión de garantías de videovigilancia del pasado 19 de noviembre. “Las cámaras se instalaron en marzo de 2025, casi dos años después de su autorización inicial y, en ese momento, debió iniciarse un nuevo procedimiento de autorización. En julio de este mismo año, la concejala de Seguridad, la señora Nuria Bravo, decía que la Guardia Civil había solicitado un informe de los robos contabilizados en los últimos tres años y ocultaba que ese informe formaba parte del proceso para una nueva autorización. No se evaluó la autorización hasta el 19 de noviembre de este año y aún no sabemos si Delegación del Gobierno, a quien compete, ya la otorgó”, ha explicado.
Acusa al gobierno local de mentir a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a la corporación, y ha recordado que fue la propia concejala Nuria Bravo quien aseguró, a preguntas del Grupo Municipal Socialista, que tan solo dos de las cámaras estaban desconectadas por falta de suministro eléctrico. “Lo que no dijo es que el resto de las cámaras de vigilancia o no estaban grabando o, si lo hacían, esas grabaciones eran ilegales”, añadió Pineda.
Hasta el momento, alrededor de 15 viviendas han sufrido robos en las últimas semanas, unos datos que la responsable del área desconocía en la pasada Comisión de Seguridad celebrada el 28 de noviembre. El PSOE gijonés considera que toda esta situación es inadmisible y pide la dimisión de la concejala Nuria Bravo como máxima responsable de que los mecanismos de seguridad sean adecuados, eficaces y estén correctamente implementados. “Es inadmisible que la máxima responsable de la seguridad ciudadana en el Ayuntamiento haya ocultado la falta de autorización de las cámaras. Es inadmisible que ante las preguntas sobre el funcionamiento de las cámaras haya contado que dos de ellas estaban desconectadas y no que el resto no estaban autorizadas. Es inadmisible que no supiera cuántos robos se habían producido. Es inadmisible que intente eludir su responsabilidad ocultando la verdad. No ha hecho absolutamente nada para proteger a los vecinos y vecinas”, lamentó Marina Pineda.
Para concluir, la portavoz del Grupo Municipal Socialista anunció una pregunta para la próxima Comisión de Seguridad con el objetivo de que el gobierno local clarifique cuándo se solicitó la autorización para la instalación y puesta en funcionamiento de las cámaras de videovigilancia y si ya se concedió. “Exigimos soluciones inmediatas y que se ponga fin a la inacción. Debe convocarse de inmediato una Junta Local de Seguridad para analizar la situación y desarrollar acciones en las que el gobierno municipal se implique. Gijón no puede seguir siendo el escenario de la incompetencia en la gestión de la seguridad pública”, concluyó la portavoz adjunta.