Artículo de Opinión de Natalia González publicado en La Nueva España
El trabajo colaborativo, la coordinación y la transversalidad, brillan por su ausencia en el equipo de gobierno de Carmen Moriyón y los derechos de las personas y su inclusión, con independencia de sus capacidades, tampoco se encuentran en el centro de sus políticas. La respuesta en comisión de la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Fernández-Ahuja, sobre la reducción de áreas y departamentos que ofertan plazas inclusivas en las actividades de verano confirma estas dos afirmaciones.
En el pasado mandato, con el PSOE al frente, se inició un trabajo conjunto con las diferentes áreas municipales, para avanzar en los derechos de las personas con discapacidad desde la infancia. Se reservaban plazas inclusivas en su oferta general de actividades para el verano en todas las áreas y actividades que fuera posible, más allá de las actividades que la Fundación Municipal de Servicios Sociales y el Patronato Deportivo Municipal dirigen, específicamente, a aquellas niñas, niños o población juvenil con discapacidad y que precisan de un mayor apoyo.
Las familias acogieron muy bien la propuesta, que permite, por ejemplo, que los hermanos puedan ir a una misma actividad o campamento con independencia de sus capacidades, o que la discapacidad no sea un problema para que un grupo de niñas y niños participen juntos en un curso o taller. También habría que sumar el enriquecimiento que supone la incorporación de plazas inclusivas.
Después de que su compañero, el concejal de Participación y Atención a la Ciudadanía, Guzmán Pendás, no supiera hablar del tema y se lo derivara a Fernández-Ahuja, ella misma aseguró que este grupo de trabajo ni se ha reunido ni ha trabajado de forma conjunta a fin de buscar soluciones para mantener la oferta, evaluar los resultados e implementar nuevas actuaciones. La excusa para que parte de dicha oferta decayera es que algunos departamentos no han llevado a cabo la contratación de los apoyos que precisan dichas plazas inclusivas, lo que demuestra su total desinterés.
El gobierno local no ha impulsado ningún mecanismo que garantice el desarrollo y ejecución de aquellas materias que son claramente transversales, como son, por ejemplo, la atención a la diversidad, la inclusión o la igualdad. La atención a la discapacidad no es una cuestión exclusiva de la concejalía de Servicios Sociales, como tampoco, depende exclusivamente de la alcaldesa la igualdad ente mujeres y hombres, pero tanto Fernández-Ahuja, como presidenta del Consejo Sectorial de Personas con Discapacidad, como Carmen Moriyón, que se reservó la competencia de igualdad y la presidencia del Consejo de Mujeres, deben impulsar la implicación del resto de áreas, garantizando esa transversalidad que es imprescindible para un Gijón inclusivo e igualitario.
La coordinación, el trabajo colaborativo y la transversalidad, ni se generan de forma espontánea, ni pueden depender de la mejor o peor avenencia del personal técnico; tienen que ser fruto de una decidida acción política del gobierno que cuente con una visión integral de la ciudad y la ciudadanía, que asuma sus competencias y deje de pasar los temas de unas concejalías a otras.