- Los socialistas confirman que las dos alegaciones que presentaron al proyecto eran acertadas y el gobierno ha hecho una estimación parcial
- Tino Vaquero asegura que la estimación parcial rompe el principio de seguridad jurídica, fijando la edificabilidad de los equipamientos sin un criterio objetivo, “es urbanismo a la carta”
- El concejal tacha la modificación de poco rigurosa y alerta de que generará resultados urbanísticos indeseados
“Teníamos razón en las alegaciones presentadas a la modificación del Plan General de Ordenación y, por eso el gobierno local hace una estimación parcial, pero, a nuestro juicio, es insuficiente y contrario a derecho”. Así de contundente se ha mostrado este mediodía el concejal del Grupo Municipal Socialista, Tino Vaquero, en rueda de prensa tras la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
Para Vaquero, lo que genera más controversia es la aceptación parcial de la enmienda formulada sobre la edificabilidad de los equipamientos públicos destinados a necesidades dotacionales de interés general. En ella, advertía de que otorgar una edificabilidad máxima a estos edificios de 2m2/m2, independientemente de dónde se ubiquen, podría dar lugar a “resultados urbanísticos desastrosos y edificios frankenstein desproporcionados ya que, por muy públicos que sean, no son transparentes, ocupan el mismo espacio y producen el mismo impacto que cualquier otro edificio”. El equipo de Carmen Moriyón lo que ha hecho finalmente es limitar la citada edificabilidad máxima solo para entidades privadas sin ánimo de lucro, no para los públicos, considerando que “esos 2m2/m2 es una edificabilidad máxima a la que solo se podrá llegar previa justificación de la necesidad”.
Además, “para curarse en salud”, afea el concejal, “añaden otro inciso para que otorgar una edificabilidad menor no suponga responsabilidad patrimonial”. En cuanto a los equipamientos públicos, el gobierno fundamenta la respuesta a la alegación socialista en que será la administración la que deba analizar y tomar las decisiones pertinentes para dar solución a las necesidades reales y justificadas sin ocasionar un efecto indeseado. “Esta opción rompe por completo el principio de seguridad jurídica ya que deja un dato tan importante como es la edificabilidad final de un equipamiento a criterio de la Administración, tanto para los equipamientos públicos como para los privados, sin especificar cuáles son los criterios y circunstancias a valorar. Es decir, pasamos de una solución que era muy mala pero objetiva, la de 2m2/m2 para todos, a una solución peor por su repercusión jurídica, en la que 2m2/m2 es una edificabilidad máxima que la Administración puede conceder o no en función de los criterios que ella misma considere para sus equipamientos públicos o de la justificación de la necesidad para los privados. Urbanismo a la carta, en definitiva”, explica Vaquero.
Los socialistas consideran que el PGO, de acuerdo con la normativa autonómica, debe calificar cada una de las clases de suelo, la asignación pormenorizada de usos, su intensidad y las tipologías edificatorias, siguiendo los principios de máxima sencillez, inteligibilidad y proporcionalidad. Asimismo, debe determinar, de forma clara y objetiva, el porcentaje de terreno que puede ser ocupado, el volumen, la forma, el número de plantas, la clase y destino de los edificios, con sujeción a ordenaciones generales uniformes para cada tipología en toda la zona; también tiene que establecer la edificabilidad en suelo urbano o urbanizable. “La edificabilidad no puede quedar al libre criterio de la Administración para cada caso concreto en función del criterio del técnico de turno. Esto puede dar lugar a equipamientos con diferentes edificabilidades en la misma zona y bajo la misma ordenanza. El error parte de considerar que sólo la propia Administración es la interesada en el desarrollo urbanístico cuando no es así. ¿Acaso el propietario de un equipamiento privado sin ánimo de lucro o uno colindante, no tienen derecho a conocer, con la seguridad que otorga un Plan General, lo que se puede edificar a o no en cada suelo?”, añade el concejal socialista, al tiempo que muestra su preocupación por la vulneración de los principios básicos de estas regulaciones previstos en la legislación autonómica. “Se rompen los principios básicos de todo Plan General previstos en nuestra legislación autonómica; se rompe la seguridad jurídica y se otorga una facultad la Administración que afecta directamente al derecho de propiedad, en este caso no por la posibilidad de limitar ese derecho sino por no hacerlo con un criterio previamente establecido y, por tanto, objetivo”.
Con todo esto sobre la mesa, advierte: “valoraremos la posibilidad de impugnar la modificación del PGO judicialmente”.
Por otro lado, también ha reprochado que el gobierno ha ignorado algún informe, como el emitido por la Consejería de Cultura, recabado tras la aprobación inicial de la norma. En él, se recogía la obligatoriedad de identificar los equipamientos sujetos a protección, analizar los impactos que el aumento de edificabilidad puede llevar consigo sobre los mismos sin que, hasta el momento, se haya satisfecho la petición del Principado que, en todo caso, deberá recogerse, tal y como se indica, antes de la aprobación definitiva.
Respecto a la alegación presentada para subsanar la falta de previsión expresa de que la vivienda dotacional sea uno de los usos compatibles en edificios destinados a equipamientos públicos, el gobierno no ha querido modificar el texto, pero “sí clarifica las dudas que nos surgían, reconociendo en el informe emitido por el Servicio Técnico de Urbanismo que el uso residencial dotacional ya se contempla en los edificios destinados a equipamientos desde el momento en que el uso dotacional en cualquier equipamiento público es compatible y/o complementario al uso predominante sin necesidad de que expresamente se reconozca en cada zona de ordenanza. Creemos que hubiera sido mejor aclararlo expresamente, pero nuestro objetivo era, en definitiva, conseguir garantías para la dotación residencial y dejar despejadas las dudas en la regulación legal”, añade Tino Vaquero.
El PSOE gijonés concluye: la modificación del PGO es poco rigurosa, generará resultados urbanísticos indeseados y, además, puede ser contraria a derecho en la forma en la que finalmente se lleva a cabo.