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El PSOE lleva al Pleno una proposición en defensa de las empresas municipales

  • La Ley de Régimen Local es un ataque más de Cristóbal Montoro a las administraciones locales y a la ciudadanía

La concejala del Grupo Municipal Socialista, Marina Pineda, ha presentado hoy una proposición para que el gobierno municipal de FORO inste a la administración central a que derogue la Disposición Adicional Novena de la Ley de Bases de Régimen Local, en defensa de las empresas públicas municipales.

La iniciativa socialista recoge también que el gobierno local inste al central a que paralice de manera inmediata la disolución de las entidades dependientes de las administraciones locales que presten servicios públicos a la ciudadanía, o realicen actividades de impulso económico o social.

Pineda ha señalado que, según esta Disposición, en nuestra ciudad se pretende la disolución de las empresas públicas EMTUSA, EMVISA y DIVERTIA, del Fondo de Capital Riesgo ‘Gijón Invierte’ y de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular.

A su juicio éste es un nuevo ataque del ministro de Hacienda en funciones, Cristobal Montoro, a la autonomía local que, de ejecutarse, la ciudadanía de las entidades locales afectadas verían como sus ayuntamientos dejan de prestar servicios públicos esenciales en su vida cotidiana, servicios que ninguna administración está en condiciones de dejar de prestar y que además redundan en el la recuperación económica y el desarrollo local.

Todo esto se pretende llevar a cabo, tal y como ha asegurado la concejala socialista, sin ningún plan alternativo para la prestación de estos servicios y para las personas que trabajan en estas empresas.

Con esta proposición el PSOE insta asimismo a la alcaldesa de Gijó a que traslade este acuerdo a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, para que presenten un Proyecto de Ley para la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local.

Por último ha lamentado que el objetivo del Partido Popular con esta iniciativa es la privatización de los servicios públicos sin tener en cuenta la calidad de los mismos o el coste que esto tendría para los ayuntamientos y para la ciudadanía.

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