La iniciativa se aprobó en agosto de 2015 y el equipo de gobierno tenía tres meses para llevarla a cabo.
García: “El gobierno vive de la herencia recibida y es incapaz de rediseñar la política social en el momento que más falta hace”
El concejal socialista, José Ramón García, acompañado de la responsable en materia de Bienestar Social de la Agrupación Socialista de Gijón, Natalia González, han presentado esta mañana una pregunta que llevarán al pleno de agosto en relación a las previsiones que tiene el equipo de gobierno para crear una Ordenanza reguladora de ayudas públicas en materia de Bienestar Social.
Dicha pregunta hace referencia a una propuesta que el PSOE llevó al Pleno de agosto de 2015, que apoyaron todos los grupos políticos, incluso FORO, y que después de un año no se ha ejecutado, a pesar de que ya ha finalizado el plazo de tres meses que tenían para realizarlo.
En palabras de García, el problemas con la ordenanza de prestaciones sociales es el mismo que en el resto de áreas y “Eva Illán es el reflejo de la desidia del equipo de gobierno”. El edil socialista ha asegurado que “el gobierno no hace nada y está dilapidando la herencia socialista mientras algunos miembros de la oposición parece que se dedican a apoyar a FORO”. García hizo hincapié en que la inercia que sostiene la ciudad desde hace cinco años está agotada y que el gobierno no ha sido capaz de continuar el proyecto heredado.
El edil socialista ha afirmado que lo único que presentó el gobierno fue un a recopilación de todas las bases y requisitos de las ayudas y que. Cuando en las diferentes comisiones se les planteó que ese documento no era lo que se pretendía con la iniciativa plenaria, aseguraron no poder sacar adelante una ordenanza alegando problemas jurídicos pero no se ha aportado hasta ahora el informe jurídico al respecto. Tampoco el gobierno ha iniciado proceso alguno de actualización del catálogo de prestaciones.
Por su parte, Natalia González, explicó que lo que pretende el PSOE con la creación de esta ordenanza es poder contar con un instrumento que permita atender de forma integral las ayudas en el ámbito de Bienestar Social, adaptando los criterios a las necesidades de hoy en día, dar seguridad jurídica a la ciudadanía y a los/as trabajadores/as y permitir una mejor evaluación, planificación y seguimiento de las ayudas. Con este documento, se podrían agilizar los trámites y prestar más atención a la intervención social, en vez de centrarse en la gestión administrativa de las ayudas.