• La Junta Local desestima el recurso de Foro contra el contrato de asistencia para la renaturalización del Piles

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    GIJÓN, 7 (EUROPA PRESS)

    El recurso presentado por los tres ediles del Grupo Municipal de Foro contra el contrato de asistencia técnica para la supervisión del proyecto de rehabilitación y renaturalización del curso bajo de los ríos Piles y Peñafrancia ha sido desestimado este martes por la Junta de Gobierno local.

    Foro, en su recurso, argumentaba que este contrato vulneraba la legalidad y pedían suspender la adjudicación. El contrato fue adjudicado en su día a la Fundación Conde del Valle de Salazar de la Universidad Politécnica de Madrid por un precio de 8.000 euros (IVA no incluido) y un plazo máximo de duración de seis meses.

    En concreto, según los ediles de Foro, el contenido del contrato vulnera los acuerdos del Pleno, adoptados por unanimidad, por los que se instaba a la Concejalía a estudiar todas las posibles alternativas para combinar la salubridad de las aguas con la práctica deportiva del piragüismo.

    También señalaban que la contratación directa, sin publicidad ni concurrencia, resulta contraria al Considerando 50 de la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.

    Además, indicaban en su recurso que se vulneran los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los
    licitadores que regula el artículo 1.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

    Por parte del Ayuntamiento, el informe del servicio responsable del contrato considera que este recurso ha de ser desestimado, “toda vez que el objeto del contrato es el asesoramiento al proyectista y al Ayuntamiento en las alternativas de rehabilitación, no fijar directrices a quien en su momento resulte adjudicatario del proyecto en relación a cómo se deba combinar la práctica del piragüismo con la renaturalización de los ríos.

    Por este motivo, los técnicos municipales creen que se da estricto cumplimiento al acuerdo plenario de 24 de marzo, todo ello sin entrar a valorar la distribución de competencias entre el Pleno y la Junta de Gobierno local.

    Tampoco consideran que vaya en contra de la citada directiva europea, ya que, para los contratos de servicios como es el caso, se fija en 207.000 euros (actualizado posteriormente a 214.000 euros), es decir, que no se vería afectado por ser una cuantía menor.

    Además, ratifican que no supone que los contratos excluidos del ámbito de la Directiva no están sujetos a regulación alguna, resultando de aplicación el articulado de la Ley 9/2017, de
    8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

    Así, en su artículo 118, se posibilita la tramitación de contratos menores siempre que su importe sea inferior a 15.000 euros (para los de servicios) y el plazo de ejecución no supere el año. La tramitación se limita a la justificación de la necesidad del contrato y que no se altera su objeto para evitar la aplicación de cualesquiera otros procedimientos regulados en la misma norma.

    “En consecuencia, el procedimiento elegido resulta conforme con la normativa contractual y, por ende, respeta los principios que la misma regula en su artículo 1, ya que así lo entiende la propia norma al fijar los requisitos de aplicación a esta modalidad de contratación”, dice el acuerdo de la Junta de Gobierno.

    Por todo ello, el Ayuntamiento mantiene que no concurre ninguna de las causas de nulidad o anulabilidad en que se motiva la impugnación del acto administrativo recurrido, motivo por el que debe ser desestimado el recurso interpuesto frente al mismo, confirmando el contenido del acto administrativo de adjudicación del contrato menor objeto del presente informe.

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